El coste que supone incumplir la normativa en materia de protección de datos puede ser muy alto. En concreto, tan solo atendiendo a los datos publicados hasta la fecha relativos al primer semestre de este año, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recaudado ya cerca de 8,2 millones de euros en sanciones económicas.

En este sentido, la Agencia como organismo de control estatal está habilitada para aplicar multas en caso de incumplimiento que podrían oscilar entre los 900 y los 600.000 euros (la media actual oscila los 30.000 euros).

La legislación actual pretende que cada ciudadano tenga derecho a preservar su honor e intimidad. Es por ello que en caso de que una empresa, en el desarrollo de sus funciones, necesite trabajar con datos que pudieran identificar a una persona (nombre y apellidos, DNI, teléfono, imagen, voz, etc.) deberá atenerse a los requerimientos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y adaptarse a ella.

Según los datos hasta ahora publicados, el sector más castigado ha sido el de las telecomunicaciones aglutinando alrededor del 42% del total de los procedimientos sancionadores publicados en este primer semestre sumando así, cerca de 5,7 millones de euros en multas.

La mayor parte de estas sanciones han puesto de manifiesto una vez más la carencia de la seguridad de las compañías de telecomunicaciones que siguen sin demostrar haber adoptado las medidas necesarias para acreditar el consentimiento inequívoco de los usuarios a la hora de formalizar cualquier tipo de contratación.

Y es que, atendiendo a las inspecciones realizadas, actualmente son habituales las denuncias de usuarios que alegan no ser titulares de cuentas que les han llevado a la inclusión en listas de morosidad sin su conocimiento. Esta situación, en la mayor parte de las ocasiones, supone una vulneración de los artículos 4 y 6 de la LOPD relativos a la calidad de los datos y al requerimiento del consentimiento inequívoco de los titulares para el tratamiento de sus datos.

El segundo sector que más investigó y sancionó la Agencia ha sido el de los bancos y entidades financieras que alcanzaron un 16,2% del total de los procedimientos sancionadores publicados en este primer semestre.

Muchas de las entidades inspeccionadas presentaron una serie de irregularidades como la ausencia de veracidad y exactitud de los datos tratados ocasionando el registro en ficheros de solvencia patrimonial de deudas inciertas de clientes, se omitió información sobre cómo se iban a tratar los datos de los titulares, se recogieron datos excediendo la finalidad por los que fueron recabados tal y como prohíbe la ley, se cedieron datos sin consentimiento de los usuarios con fines publicitarios, entre otros. Todas estas acciones han supuesto la imposición de sanciones que han llegado a alcanzar los 60.000 euros de multa como ha sido, por ejemplo, el caso del BBVA.

Y el tercer puesto con un mayor registro de inspecciones por un posible incumplimiento de la normativa ha sido el sector de suministro y comercialización de energía, gas y agua alcanzando aproximadamente un 10,2% del total de las resoluciones publicadas.

En este caso, empresas como Galp Energía, Iberdrola, Gas Natural o Endesa han sido sancionadas con multas de entre 20.000 y 50.000 euros a excepción de la compañía E-On Energía, a la que se le ha impuesto recientemente una sanción de más de 130.000 euros por formalizar telefónicamente un contrato de manera ilícita a una octogenaria de Vigo.

Una cuantía que se acerca a los resultados registrados en 2012 en donde la factura superó los 21 millones de euros, aumentando en un 7,43% en comparación a datos de 2011.

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