Ante el vacío legal que provoca el retraso en la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, que regula aspectos relacionados con la Actividad de Inspección, el Régimen Sancionador y el Procedimiento de Instrucción.

El Real Decreto-ley tendrá vigencia sólo hasta el momento en el que las Cortes aprueben el Proyecto de Ley Orgánica, cuya tramitación parlamentaria sigue pendiente.

A continuación, se indican las principales novedades introducidas.

En cuanto al Régimen de las Infracciones y Cuantía de las Sanciones, el Real Decreto Ley asume la tipificación que hace el RGPD entre infracciones graves y muy graves.

  • Infracciones muy graves, con multas de 20.000.000 € máximo o cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.
  • Infracciones graves, con multas de 10.000.000 € máximo o cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.

En cuanto a la Prescripción de las Infracciones y Sanciones, se establece un plazo de tres años para la prescripción de las infracciones muy graves, y de dos años para las graves. Para las sanciones, el Real Decreto Ley mantiene el mismo criterio que actualmente establece la LOPD, por lo que fija un plazo de un año para las inferiores a 40.000 euros, dos años para las comprendidas entre 40.000 y 300.000 euros y tres años para las superiores a dicha cuantía.

El Real Decreto Ley, al tratar el Procedimiento Sancionador, distingue reclamaciones relacionadas con falta de atención de ejercicio de derechos, en el que el plazo para resolver será de seis meses, e investigaciones relacionadas con infracciones de la legislación sobre protección de datos, en los que el plazo para resolver será de nueve meses.

Al tratar la Actividad de Inspección, el Real Decreto Ley señala que ésta solo podrá ejercerse por funcionarios, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad. Las actividades de investigación no podrán tener una duración superior a 12 meses a contar desde la fecha del acuerdo de admisión a trámite o de la fecha del acuerdo de iniciación.

Por último, el Real Decreto Ley señala que los Contratos de Encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018 mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022.

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